El 17 de noviembre se cumplirán cuatro años del primer caso registrado de COVID 19, en China. Para enero de 2020 la enfermedad se propagó por todo el mundo y en febrero llegó a México.
El 5 de mayo de este 2023 la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.
En esos largos y dolorosos 36 meses de enfermedad y encierro cobraron la vida de un millón y medio de mexicanos, por lo menos.
Se estima que entre siete y ocho mil personas originarias o residentes en el estado de Hidalgo perecieron a causa de ese coronavirus.
La dramática noche de la pandemia lesionó gravemente las actividades productivas de la región sur de la entidad hidalguense, que sostiene una buena parte de la economía de la región centro país.
La tragedia del 7 de septiembre de 2021, cuando la CONAGUA y el SACDMX inundaron de aguas negras el centro de la Ciudad de Tula afectó la estructura social y económica, con más de tres mil negocios en pérdida total y casi treinta mil personas damnificadas que nunca recibieron ni atención ni apoyo suficientes.
Lamentablemente, hasta ahora no ha sido demostrado absolutamente ningún beneficio de la obra del revestimiento del Río Tula, que mata cualquier nota positiva sobresaliente acerca de este lugar por el aspecto desagradable que impone ante propios y extraños el enorme canal de suciedad líquida que circula hacia la Presa Endhó.
Pero la ubicación geográfica y los procesos que se desenvuelven en los sectores agropecuario, industrial, comercial, turístico y de múltiples servicios en el espectro alrededor de Tula -una veintena de grandes y medianas localidades- la mantiene como una zona obligada de referencia casi en todo.
Los fenómenos asociados a estos procesos tienen cada vez mayor incidencia en la vida cotidiana de las personas.
Extracción y venta ilegal de hidrocarburos, venta de sustancias enervantes, corrupción gubernamental, robo y venta de objetos robados, constituyen las principales “economías paralelas”, que manejan enormes cantidades de dinero que fluye combinado con el dinero legal.
Esta mezcla hace difícil determinar los montos de ingreso, inversión, gasto, ganancia, entre la población, los negocios, las empresas de la región. Solo se dispone de los limitados datos oficiales, que por no estar actualizados dificultan toda investigación formal.
Así que, con base en aproximaciones y con el riesgo de que cualquier economista serio corrija esta plana, se puede aventurar que el dinero en curso para la región de Tula ascendería a unos mil quinientos millones de pesos anuales, sin considerar los grandes procesos que definen la aportación regional al Producto Interno Anual del estado y del país.
Un dato formal, que nos aproxima:
Según el censo económico de 2019 (que es el más reciente) hay 5, 461 establecimientos económicos en el municipio de Tula, estos generan una producción bruta total de 21, 994 millones de pesos anuales, un valor agregado censal bruto anual de 11, 811 millones de pesos anuales… y los ingresos anuales de todos los establecimientos económicos es de 48,575 millones de pesos
Esa economía está hoy en uno de sus puntos más activos, pese a que el cash generado por el huachicol se hay reducido considerablemente -no deja de ser impresionante la forma como ese dinero no legal se inyectó al comercio y a los servicios locales e impulsó la capacidad de compra de muchas familias.
Los recientes eventos que han tenido lugar en el área de Tula-Tepeji ya impusieron una nueva dinámica a la economía regional.
Las acciones gubernamentales se han aplicado en tres vertientes fundamentales, que abonan a ese nuevo clima socioeconómico.
Captura y procesamiento judicial a algunos capos y decomiso de millones de litros de huachicol; no obstante, se libra una cruenta batalla por el control de la gran plaza en el trasiego de enervantes naturales y químicos, con víctimas mortales por hechos violentos, prácticamente a diario.
Denuncias penales, detención, vinculación a proceso e investigación (hasta ahora por ser el primer año del nuevo gobierno) contra servidores públicos que abusaron de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; se espera una recuperación importante de dinero que deberá invertirse en los municipios de destino original.
Atracción de inversiones para generar empleos (nuevas instalaciones empresariales, como en Tepeji del Río (Isquisa invertirá 250 millones de pesos); recuperación de grandes proyectos, como la planta coquizadora en la Refinería de Tula-Atitalaquia; obras para la mejora de infraestructura urbana, como en el centro de Tula (49 millones) y la carretera Tula-Cruz Azul (30 millones).
Y, con el esfuerzo de la población, hacer presencia para crear condiciones de paz social favorables que propician el trabajo, la educación, la actividad comercial, la convivencia.
De ahí que los grandes eventos enmarcados en el eje septiembre-octubre, de Fiestas Patrias a Días de Muertos, que pasan por las ceremonias cívico populares del Grito de Independencia y llegan a las ferias anuales de , Atitalaquia, Pachuca, Tlahuelilpan y Tepeji del Río, se convirtieron en verdaderos acontecimientos sociales que beneficiaron la actividad económica.
