El caso Tula en el contexto de la transformación de Hidalgo

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Por Fernando Ávila Báez

En mayo los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimoniales. Es de esperarse que, dados los vientos de cambio que prevalecen en la entidad, los funcionarios y burócratas no guarden secretos en cuanto a sus bienes, pues ahora -por más que se trate del patrimonio personal o familiar, pasa a ser un asunto de interés colectivo, público.

Este hecho programado tiene lugar cuando se despliegan por todas las regiones y municipios los principales emblemas de la administración estatal, que comenzó el 5 de septiembre de 2022 bajo el liderato de Julio Menchaca Salazar.

Las rutas de la transformación, los encuentros directos de los integrantes del gabinete con los sectores de la población, el fortalecimiento de las relaciones institucionales con el gobierno federal y con los gobiernos municipales, la atracción de inversiones para generar empleos, los golpes contundentes contra el crimen organizado y el reconocimiento de la presencia de grupos criminales en el estado, la búsqueda de mejoras en las acciones de salud y de medio ambiente, están el pleno ascenso y vigencia.

El combate a la corrupción, la transparencia en la administración de los recursos públicos, la rendición puntual de cuentas, cobran un nuevo sentido al desprenderles de una actitud hipócrita para convertirles en instrumentos ideales para que las personas, las familias, los grupos sociales y las comunidades comiencen a recuperar la confianza en el actuar de las autoridades.

La acelerada descomposición de los tendones sociales, que ha derivado en una insoportable zozobra a nivel nacional, ha minado el ánimo de los hidalguenses ante los hechos violentos que tienen lugar en nuestro territorio prácticamente a diario.

Por eso es que, al mismo tiempo que se registra el progreso en el quehacer institucional, crece el compromiso de la participación social. Las asociaciones civiles, nuevos liderazgos y agrupaciones de ciudadanos tienen hoy un papel protagónico al convertir en realidades sus demandas, con base en un principio elemental en el actual ejercicio de la autoridad estatal: son escuchados y sin atendidos.

Un caso destacado viene a ser el activismo que desde hace años despliegan diversas organizaciones de ciudadanos en el Valle del Mezquital y en la región sur del estado, que comprenden las cabeceras regionales de Ixmiquilpan, Actopan, Huichapan, Tula y Tepeji, en donde los titulares de las dependencias gubernamentales relacionadas con seguridad, procuración de justicia y rendición de cuentan mantienen diálogo y concretan en hechos los acuerdos que es fijan en las mesas.

La denuncia penal presentada a mediados de este mes de mayo por la Auditoría Superior del Estado (ASEH) ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que encabeza Santiago Nieto Castillo, contra el gobierno municipal de Tula por peculado y desvío de fondos, evidenciado en la insuficiente comprobación del gasto de 61 millones de pesos que llegaron al municipio como recursos extraordinarios destinados a atender las necesidades de los damnificados por las inundaciones de septiembre de 2021, ha sido un hecho de alto impacto en la dinámica del nuevo gobierno.

Es muy probable que en el proceso que ya tiene lugar en el ámbito judicial contra el alcalde no se concreten algunos escenarios imaginados o deseados por algunos actores que demandan la justicia para los ciudadanos; por ejemplo, que el presidente municipal deba separarse del cargo y habilitar un relevo o, en un caso extremo, alguien del gabinete pide la cárcel por eso. Sin embargo, se trata de un precedente de gran nivel que muy posiblemente marque la historia en los siguientes años.

Es, pues, la marcha de la transformación en Hidalgo y son los signos claros de los nuevos vientos.

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