El proceso electoral de 2027 comienza a generar movimientos políticos en Hidalgo. Es evidente que existen aspiraciones personales y que distintos servidores públicos podrían tener interés en ocupar un espacio en las próximas boletas electorales.
Tener aspiraciones políticas es legítimo. Lo que no sería aceptable es que esas aspiraciones terminen por desplazar las responsabilidades para las que fueron nombrados o elegidos.
Quien ocupa un cargo público tiene una obligación fundamental: trabajar para la ciudadanía. Los problemas de los municipios y del estado no pueden quedar en segundo plano mientras algunos funcionarios concentran sus esfuerzos en construir una candidatura.
La reciente información proporcionada por el secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, merece especial atención. La dependencia registra 11 quejas o denuncias contra servidores públicos por el presunto uso de recursos gubernamentales para promover su imagen.
La línea entre informar sobre el trabajo institucional y utilizar una responsabilidad pública para construir una imagen política puede resultar delicada, pero la legislación establece límites claros.
El artículo 134 constitucional obliga a utilizar los recursos públicos con imparcialidad y prohíbe la promoción personalizada en la propaganda gubernamental.
De comprobarse que algún funcionario utiliza presupuesto, personal, vehículos, programas sociales o estructuras institucionales para favorecer sus aspiraciones políticas, podría enfrentar responsabilidades administrativas y consecuencias legales, según la naturaleza de las conductas acreditadas.
Los ciudadanos necesitan servidores públicos concentrados en resolver problemas, no funcionarios distraídos por su futuro electoral.
Hidalgo enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico y atención ciudadana. Hay demasiado trabajo pendiente como para permitir que las agendas personales se impongan sobre las responsabilidades institucionales.
También debe reconocerse que comunicar los resultados de gobierno es una obligación legítima. Lo cuestionable comienza cuando la información pública deja de servir a la ciudadanía y se convierte en un instrumento de promoción individual.
De cara a 2027, la vigilancia de las autoridades será indispensable, pero también lo será la responsabilidad de cada servidor público.
Quienes tengan aspiraciones políticas están en su derecho de construirlas dentro del marco legal. Lo que no deben olvidar es que los recursos del gobierno pertenecen a la ciudadanía, no a los proyectos personales.
El servicio público exige resultados, responsabilidad y compromiso. Las candidaturas tendrán su momento; las obligaciones con la ciudadanía son todos los días.
