Lo ocurrido recientemente con ataques de perros debe obligarnos a dejar de tratar el control canino como un asunto secundario. Estamos hablando de salud pública, seguridad y bienestar animal. México tiene aproximadamente 43.8 millones de perros y casi siete de cada diez hogares tienen alguna mascota. Con una población de ese tamaño, permitir animales sin esterilizar, sin vacunas, sin identificación o deambulando libremente por las calles termina generando consecuencias que pueden ser graves.
Y hay números que deben preocuparnos. Durante la última década México ha registrado en promedio alrededor de 70 mil agresiones por perros cada año. Además, los registros epidemiológicos de mordeduras muestran una tendencia reciente al alza: hasta la semana epidemiológica 28 de 2025 se habían contabilizado 74 mil 532 mordeduras por perro en el país, frente a 73 mil 619 en el mismo corte del año anterior. Es un incremento de aproximadamente 1.2%.
En Hidalgo el comportamiento también merece atención. En ese mismo corte de 2025 se acumularon 2 mil 691 casos, contra 2 mil 594 del año anterior, aproximadamente 3.7% más. Es decir, no estamos hablando únicamente de una percepción alimentada por casos que se vuelven virales. Hay indicadores sanitarios que muestran que las mordeduras continúan siendo un problema cotidiano.
Aquí es donde debemos reconocer lo que se ha hecho bien. México construyó durante décadas uno de los programas antirrábicos más exitosos del mundo. En 2019 se convirtió en el primer país en recibir la validación internacional por eliminar la rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública. Eso se consiguió mediante campañas masivas de vacunación, vigilancia epidemiológica, diagnóstico y atención a las personas agredidas. Es la demostración de que cuando existe continuidad institucional, los resultados aparecen.
Hidalgo también mantiene acciones importantes. Para 2026 se estableció una meta anual de 42 mil 669 esterilizaciones de perros y gatos. Durante el primer trimestre se realizaron 4 mil 528 de las 5 mil programadas para ese periodo, un cumplimiento de 90.56%. Hay campañas, existe inversión en vacunación antirrábica y la legislación estatal asigna expresamente a los municipios la responsabilidad de controlar la población animal. Todo eso va en la dirección correcta.
El problema es que esterilizar algunos fines de semana no constituye por sí solo una política de control animal.
Una política moderna necesita saber cuántos perros existen, dónde están, cuáles tienen propietario, cuáles viven permanentemente en la calle, qué zonas concentran reportes de agresiones y dónde están naciendo nuevas camadas. Necesita identificación y registro, vacunación permanente, esterilización focalizada, atención veterinaria, adopciones, respuesta rápida ante animales agresivos y, sobre todo, propietarios responsables.
También tenemos que abandonar una idea cómoda: pensar que todo perro que vemos solo en la calle nació ahí. Una parte importante del problema comienza dentro de una casa cuando alguien permite que su perro salga libremente, no lo esteriliza, deja que se reproduzca, abandona una camada o simplemente decide que ya no quiere hacerse responsable.
La tenencia responsable implica mucho más que darle comida. Significa vacunarlo, esterilizar cuando corresponda, evitar que escape, utilizar correa en espacios públicos, conocer su comportamiento, socializarlo correctamente y asumir las consecuencias cuando el animal ocasiona daños.
Los organismos internacionales especializados en sanidad animal advierten que la educación sobre interacción segura con perros y la responsabilidad de los propietarios son herramientas fundamentales para disminuir las mordeduras. También hay que entender que capturar, esterilizar y posteriormente regresar animales a las calles no resuelve por sí mismo problemas como mordeduras o accidentes si los perros continúan desplazándose libremente.
Esto es particularmente importante para proteger a los niños, uno de los grupos con mayor riesgo de sufrir mordeduras y lesiones graves, especialmente cuando los ataques alcanzan zonas como cabeza y cuello.
Por eso el debate tampoco debe convertirse en una falsa elección entre proteger a los animales o proteger a las personas. Una buena política pública hace ambas cosas.
Control canino no significa exterminio. Significa prevención. Significa menos abandono, menos camadas no deseadas, menos perros vagando, más vacunación, más esterilización, propietarios identificables y autoridades capaces de intervenir antes de que exista una tragedia.
Después de un ataque grave siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué nadie hizo algo antes?
La respuesta debería comenzar mucho antes de la mordedura.
Una ciudad responsable no espera a que una jauría ataque para ocuparse de sus perros. Los controla, los vacuna, los esteriliza y obliga a sus propietarios a hacerse responsables. Eso protege animales, pero también puede salvar vidas humanas.
