Ya no alcanza con decir que “hubo otro accidente”. Hidalgo tiene un problema de seguridad vial que se está normalizando. Los datos de INEGI muestran que en 2025 se registraron 5 mil 861 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas del estado, con 10 mil 843 vehículos involucrados, 685 personas heridas y 64 fallecidas. Un año antes habían sido 5 mil 573 accidentes y en 2023 fueron 4 mil 593. Es decir, entre 2023 y 2025 el número de percances creció alrededor de 28%.
Y eso ni siquiera cuenta toda la dimensión del problema carretero. El Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales de la SICT registró 230 siniestros en Hidalgo durante 2024, 35 personas fallecidas en el lugar y 131 lesionadas. En esos hechos participaron 74 vehículos de carga. La propia SICT ha señalado que alrededor de 71% de los siniestros están relacionados con el conductor y menciona entre las causas la imprudencia, el exceso de velocidad, invadir el carril contrario y no guardar distancia.
Por eso hace falta dejar de tratar cada choque, volcadura o carambola como un hecho aislado. Cuando algo ocurre prácticamente todos los días, ya no es casualidad: es un problema de política pública. Se necesita mucha más vigilancia en los corredores de mayor riesgo, radares permanentes, básculas funcionando para transporte pesado, revisión de jornadas de conducción de operadores, alcoholímetros donde corresponda y presencia real de autoridades en horarios y tramos identificados estadísticamente como peligrosos.
También debe discutirse seriamente el régimen de sanciones. Quien conduzca un tráiler a velocidad excesiva, maneje agotado, utilice el teléfono, circule bajo efectos del alcohol o acumule infracciones graves no debería simplemente pagar una multa y continuar. Para reincidentes y conductas de alto riesgo deben existir multas considerablemente mayores, suspensión temporal de licencia y, en casos graves o reiterados, cancelación de permisos para conducir. Pero endurecer castigos sin vigilancia sería solamente endurecer el papel: la sanción funciona cuando existe una posibilidad real de ser detectado.
Hay otra responsabilidad que casi nunca se discute: el tiempo de miles de ciudadanos también tiene valor. Un tráiler accidentado puede bloquear durante horas una carretera, generar filas kilométricas, hacer perder citas médicas, vuelos, entregas, jornadas laborales y combustible. Las autopistas, concesionarios y autoridades deberían tener protocolos de liberación mucho más agresivos: grúas pesadas estratégicamente ubicadas, equipos de emergencia permanentes, información inmediata en paneles electrónicos y una plataforma única que informe en tiempo real qué carretera está cerrada, cuánto durará la afectación y cuáles son las alternativas.
Y nosotros también tendremos que asumir que viajar por las carreteras que conectan a Hidalgo exige otra forma de planear. Consultar tráfico antes de salir, conocer rutas alternas y agregar tiempo de reserva puede evitar quedar atrapado. Pero no debemos convertir esa prevención individual en una excusa para aceptar carreteras donde el accidente y el caos sean cotidianos.
No podemos seguir acostumbrándonos al “otro tráiler volcado”, “otra carambola” o “otras tres horas perdidas”. Si los accidentes son casi de diario, la respuesta de las autoridades también tendría que ser diaria, permanente y mucho más dura.
