El ayuntamiento de Tula de Allende, firmó este día un acuerdo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) que busca poner fin al crecimiento descontrolado de las zonas urbanas en el municipio y a la falta de una oferta de suelo para vivienda adecuada.
Esos hechos, que han provocado controversias sobre la tenencia de la tierra y posesiones al margen de la ley, han dejado como secuela viviendas en condiciones inadecuadas de habitabilidad, ausencia de servicios públicos y falta de accesibilidad a las infraestructuras y equipamientos urbanos, reforzando condiciones de marginación.
Durante la firma de este acuerdo, el presidente Manuel Hernández Badillo, recordó que la Revolución encabezada por Emiliano Zapata tuvo origen en atender demandas y justicia para la población y una fundamental fue el derecho de tener una tierra.
De ahí, dijo, este convenio tenga gran relevancia ya que, además de ser Tula de Allende, uno de los primeros municipios que firma este acuerdo, permitirá atender uno de los reclamos más sentidos de la población como es regularizar la tenencia de la tierra, también aportará a un crecimiento ordenado y sustentable.
En su oportunidad, el representante regional INSUS Dr. Alejandro Hernández Gutiérrez, subrayó la importancia de ofrecer certeza jurídica del uso de suelo en Tula. Indicó que el organismo recibió todas las facultades para atender estos temas.
Mediante el acuerdo las partes se comprometen a que en el marco de la Política Nacional de Suelo se buscará prevenir la ocupación irregular del suelo y contribuir, mediante diferentes mecanismos y regímenes de propiedad, a ofrecer seguridad en la tenencia de la tierra, hasta erradicar la incertidumbre con que viven los posesionarios que no tienen derechos reconocidos por la ley.
Asimismo impulsarán mecanismos para evitar la especulación del suelo y de la propiedad inmobiliaria, garantizando que el suelo urbano sea plenamente aprovechado, en particular los inmuebles no edificados, no utilizados o subutilizados.
Ahora una de las tareas del INSUS será identificar la superficie a regularizar y elaborar los trabajos técnicos y cartográficos correspondientes, mismos que deberán ser precisos en cuanto a la localización de la superficie, medidas y colindancias, así como su uso y destino, si el Instituto Catastral Estatal cuenta con otro tipo de normas.
Ese organismo también coadyuvará con los avecindados para solventar los costos de regularización con los subsidios, financiamientos y en general cualquier tipo de apoyos económicos, que existan al momento de regularizar, siempre y cuando se satisfagan los requisitos para su otorgamiento.
El ayuntamiento, a su vez, se compromete a proporcionar al INSUS la información administrativa, jurídica y técnica, vigente; así como los permisos y licencias necesarias al momento de que inicie los trabajos, para que pueda llevar a cabo la escrituración de los inmuebles materia de la regularización o de programas sociales. Para la elaboración y expedición de los permisos y licencias aludidos, deberá presentarse la documentación pertinente establecida por la normatividad aplicable.
También, a otorgar al INSUS las facilidades administrativas necesarias para expedir, de manera ágil, aquellos documentos que se requieran en la integración del expediente del procedimiento de regularización del suelo, en especial la Constancia de Uso de Suelo, el Dictamen de no riesgo por parte de Protección Civil o cualquier otro documento necesario para brindar seguridad a los beneficiarios de la regularización.
Finalmente, concederá las facilidades administrativas necesarias para la validación y aprobación de la cartografía de conformidad a las leyes aplicables y a los instrumentos de planeación territorial.
