Conagua presume miles de toneladas de lirio retiradas y hectáreas fumigadas. Sin embargo, sus propios documentos reconocen que la contaminación continúa, el saneamiento prometido no se concretó y las descargas siguen llegando diariamente a la presa.
Conagua puede presentar una larga lista de actividades realizadas en la presa Endhó: fumigaciones, aplicación de larvicidas, trituración de lirio, recorridos técnicos y contratación de maquinaria. El problema es que, después de años de anuncios, Hidalgo sigue esperando el resultado verdaderamente importante: una presa saneada, descargas controladas y agua que no represente un riesgo para las comunidades.
La evidencia para sostener que Conagua le ha quedado mal a Hidalgo no proviene únicamente de vecinos inconformes. Está en los programas, estudios técnicos, decretos y comunicados del propio Gobierno federal.
Prometieron sanear la presa desde 2021
El Programa Hídrico Regional 2021-2024 del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México incluyó expresamente entre sus acciones “sanear la presa Endhó”, vigilar el cumplimiento de los límites máximos permisibles e identificar y sanear las descargas de aguas residuales en la subcuenca del río Tula.
Conagua aparecía como una de las instituciones responsables de esas acciones. No se trataba, por tanto, de una petición nueva ni de una contingencia inesperada: el saneamiento estaba incorporado en la planeación oficial desde el comienzo del sexenio anterior.
El resultado de ese programa puede medirse con un hecho contundente: en septiembre de 2024, al concluir prácticamente su periodo de vigencia, el Gobierno federal tuvo que declarar 36 mil 637.93 hectáreas de la región de la presa Endhó como Zona de Restauración Ecológica.
La declaratoria comprendió territorio de ocho municipios: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende. Si el saneamiento previsto desde 2021 hubiera alcanzado su objetivo, no habría sido necesario reconocer oficialmente que la zona sufría un proceso de degradación ambiental que requería una intervención extraordinaria.
El programa de restauración llegó tarde
El decreto entró en vigor el 27 de septiembre de 2024 y concedió un plazo máximo de ocho meses para formular y expedir el Programa de Restauración Ecológica. La fecha límite fue el 27 de mayo de 2025.
La obligación principal de expedirlo correspondía a Semarnat, pero el mismo decreto ordenó que fuera elaborado y ejecutado en coordinación con Conagua. La Comisión no puede presentarse como una institución ajena al retraso.
En julio de 2026, más de un año después del vencimiento, el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación todavía registraba un exhorto para publicar inmediatamente el programa y para que Semarnat y Conagua informaran sobre las acciones realizadas. En septiembre de 2026 continuaba documentándose oficialmente que el plazo legal había expirado.
Al corte de esta revisión, el retraso superaba los 16 meses, aproximadamente 490 días. Mientras el documento rector seguía pendiente, las comunidades continuaban soportando mosquitos, malos olores, maleza acuática y exposición a agua contaminada.
El decreto, además, fijó un horizonte máximo de 12 años para concluir los proyectos de restauración. Es decir, si las autoridades utilizan todo el plazo, los resultados integrales podrían extenderse hasta 2036.
El diagnóstico oficial es devastador
El estudio técnico de Semarnat que sustentó la declaratoria analizó 18 sitios de agua superficial y 10 pozos de agua subterránea. Sus resultados explican por qué retirar lirio y fumigar mosquitos no equivale a sanear la presa.
En los sitios de agua superficial, el 66 por ciento presentó contaminación alta o muy alta por materia orgánica asociada con actividades industriales, medida mediante demanda química de oxígeno.
El 48 por ciento registró contaminación alta o muy alta por materia orgánica biodegradable, mientras que el 58 por ciento presentó contaminación por coliformes fecales.
Además, en todos los sitios monitoreados se encontró materia orgánica no biodegradable. El estudio identificó 65 compuestos orgánicos semivolátiles, entre ellos sustancias relacionadas con derivados petroquímicos, solventes y procesos industriales.
La situación subterránea tampoco ofrece tranquilidad. De los 10 pozos estudiados, seis —el 60 por ciento— presentaron concentraciones de arsénico superiores al límite establecido para agua de uso y consumo humano.
Siete de los 10 pozos, el 70 por ciento, registraron nitratos en concentraciones que comprometían su aptitud como fuente de abastecimiento potable.
En ocho pozos, el 80 por ciento, se detectaron 17 compuestos orgánicos semivolátiles. Cinco de esas sustancias aparecieron tanto en el agua superficial como en la subterránea, lo que fue considerado evidencia de transferencia de contaminantes hacia el acuífero.
El propio estudio federal concluyó que los cuerpos de agua de la región no tienen capacidad natural suficiente para diluir o depurar la carga contaminante que reciben. En otras palabras: no basta con esperar a que el río y la presa “se limpien solos”.
Una muestra que exige explicaciones
En una muestra tomada a la salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco se registraron 672 miligramos por litro de demanda química de oxígeno.
La escala de clasificación utilizada por Conagua considera “fuertemente contaminada” el agua que supera los 200 miligramos por litro. El resultado observado fue 3.36 veces ese umbral.
En la misma salida se midieron mil 350 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales. El nivel de referencia para considerar el agua fuertemente contaminada es superior a 400 miligramos por litro; la muestra alcanzó 3.38 veces esa cantidad.
Una sola muestra no demuestra que la planta opere permanentemente en esas condiciones ni acredita, por sí misma, una infracción administrativa. Pero sí obliga a las autoridades a explicar el dato, publicar series completas de monitoreo y demostrar con mediciones continuas qué calidad de agua entra y cuál sale de la instalación.
Muchas toneladas retiradas, poca solución permanente
Conagua informó que durante 2025 retiró más de 32 mil toneladas de lirio acuático, realizó acciones de control del mosquito en 8 mil 275 hectáreas y aplicó más de 46 mil litros de larvicida biológico.
También reportó ocho ciclos de fumigación en 29 localidades. Según la dependencia, en enero de 2025 el lirio ocupaba 986 hectáreas, equivalentes al 78 por ciento de la superficie de la presa. Para octubre aseguró que la cobertura se había reducido a 548 hectáreas, el 44 por ciento.
Las cifras prueban que hubo trabajo operativo. Lo que no prueban es que la presa haya sido saneada.
En mayo de 2026, Conagua aseguró primero que la cobertura había bajado de aproximadamente 900 a 380 hectáreas. Días después informó que, al 15 de mayo, todavía quedaban 443 hectáreas.
La dependencia no explicó claramente si la diferencia se debía al crecimiento acelerado del lirio, a cambios en la metodología de medición o a que se trataba de cortes distintos.
Para el 23 de mayo, Conagua reportaba 93 mil metros cúbicos de lirio extraído durante siete meses, 400 hectáreas fumigadas dentro del embalse y 472 hectáreas atendidas en comunidades.
Las acciones habían alcanzado 7 mil 31 viviendas y 21 mil 609 habitantes de 22 comunidades. También se aseguró que la población adulta del mosquito Culex había disminuido 50 por ciento.
Son cifras voluminosas, pero describen actividades, no resultados ambientales de fondo. Conagua contabilizó litros de producto aplicado, hectáreas recorridas, viviendas fumigadas, toneladas y metros cúbicos de lirio. En cambio, no difundió con el mismo énfasis una serie pública que demostrara reducciones sostenidas de arsénico, nitratos, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos, coliformes fecales y compuestos industriales.
Conagua reconoce que las medidas son insuficientes
La propia Gerencia de Planeación de Conagua admitió en agosto de 2026 que la fumigación y el retiro de lirio eran medidas inmediatas, pero insuficientes mientras no fueran atendidas las fuentes de contaminación.
La funcionaria federal reconoció que descargas municipales, hospitalarias y comerciales seguían llegando al sistema durante las 24 horas del día. También señaló que las mejoras visibles podrían comenzar a apreciarse entre 2027 y 2028, y que no existía una fecha precisa para considerar restaurada la zona.
Conagua habló entonces de cinco estaciones para medir la calidad del agua, 5.2 kilómetros de desazolve, 28 kilómetros de colectores, la eliminación de 19 tiraderos y la rehabilitación de infraestructura. Incluso anunció nueva maquinaria para diciembre.
La admisión es importante: después años de fumigaciones y extracción de maleza, la dependencia reconoce que el verdadero problema, las descargas contaminantes, continúa.
Recursos sin una cuenta clara para Endhó
En enero de 2026, Semarnat anunció una inversión federal superior a 900 millones de pesos para la restauración y el saneamiento del río Tula. Sin embargo, esa cantidad corresponde al sistema regional y no exclusivamente a la presa Endhó.
Para 2027, Conagua registró un proyecto específico por 33 millones 966 mil 11 pesos para trituración, retiro, traslado y aprovechamiento del lirio, además de fumigaciones. Al momento de conocerse, era una solicitud presupuestaria, no dinero ya autorizado y ejercido.
El propio decreto de restauración estableció que las dependencias debían cubrir las acciones mediante movimientos dentro de sus presupuestos y que no se autorizarían recursos adicionales. El Sistema de Información Legislativa señaló posteriormente que esa restricción presupuestaria limitaba el cumplimiento del decreto.
Así, los habitantes reciben cifras generales de inversión, pero no una cuenta pública consolidada que permita conocer cuánto dinero se ha destinado específicamente a Endhó, cuánto se ejerció, qué contratos se pagaron y qué indicadores ambientales mejoraron como resultado.
La falla no es haber hecho poco: es no haber resuelto lo esencial
Conagua no es la única institución responsable. Semarnat debe conducir el programa de restauración; Profepa debe inspeccionar y sancionar; los municipios tienen responsabilidades sobre drenaje y saneamiento; los gobiernos estatales también participan, y las industrias deben cumplir sus permisos.
Pero Conagua tampoco puede esconderse detrás de la responsabilidad compartida. Su Organismo de Cuenca administra la presa, la Comisión regula las aguas nacionales y las descargas, participó en el programa hídrico que prometió sanear Endhó y fue incluida expresamente en la ejecución de la restauración.
Su incumplimiento no consiste en que haya realizado cero acciones. Consiste en que las acciones no han producido un resultado duradero.
Después de más de 32 mil toneladas retiradas, 93 mil metros cúbicos extraídos, 8 mil 275 hectáreas atendidas, 46 mil litros de larvicida y millones de pesos anunciados, el lirio regresó, los mosquitos volvieron, las descargas continúan y el programa rector acumuló más de 16 meses de retraso.
Eso es lo que las cifras documentan: Conagua ha trabajado sobre los síntomas, pero no ha conseguido controlar las causas.
Hidalgo no necesita otra estadística de fumigación. Necesita conocer, mes por mes, cuánto disminuyeron el arsénico, los nitratos, los coliformes, los sólidos suspendidos y la contaminación industrial; cuántas descargas fueron inspeccionadas; cuántas resultaron irregulares; cuántas fueron clausuradas o sancionadas; cómo está operando la planta de Atotonilco y cuándo llegará el equipo prometido.
Mientras esas respuestas no existan y la presa vuelva a cubrirse de lirio después de cada operativo, la conclusión es difícil de refutar: en Endhó, Conagua ha reportado muchas actividades, pero todavía le debe a Hidalgo el resultado.
