La coincidencia política es imposible de ignorar. Este viernes estuvo en Hidalgo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, mientras en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciaba sobre un asunto que ha comenzado a adquirir dimensiones nacionales: las propiedades inmobiliarias de la senadora hidalguense Carolina Viggiano Austria y las preguntas sobre el origen de los recursos utilizados para adquirirlas.
La visita de Godoy a Pachuca tuvo una agenda institucional relacionada con la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención ciudadana de la Fiscalía General de la República, sin embargo, resulta inevitable preguntarse si la institución que encabeza dará seguimiento puntual a las denuncias y a los señalamientos que hoy rodean el patrimonio de la legisladora priista.
La declaración de la presidenta fue contundente: “Que se investigue y que se reporte de dónde salieron los recursos. Pero en cualquiera de estos casos pues tiene que haber relación entre tus ingresos y tus egresos, para eso son las declaraciones patrimoniales”.
La frase coloca sobre la mesa una exigencia elemental en cualquier democracia: quien ocupa un cargo público debe estar en condiciones de explicar el origen lícito de su patrimonio y cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la ley.
Durante las últimas semanas, investigaciones periodísticas de El Universal han presentado información sobre operaciones inmobiliarias relacionadas con Carolina Viggiano en la Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo. Los reportajes han documentado registros de propiedad, compraventas y valores que merecen una revisión cuidadosa de las autoridades competentes.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la declaración pública de la senadora en la que aseguró que no tenía propiedades en la Ciudad de México. Frente a esa afirmación, han surgido documentos y antecedentes inmobiliarios que plantean nuevas preguntas. No se trata únicamente de establecer cuántos inmuebles posee, sino de precisar cuáles han sido sus operaciones, en qué fechas se realizaron, cómo fueron financiadas y qué información debía incluirse en sus declaraciones patrimoniales.
Tener propiedades no constituye un delito. Comprar una casa, un departamento o un terreno tampoco. Lo que debe aclararse es si las adquisiciones fueron legales, si los recursos tienen un origen justificable y si se cumplieron todas las obligaciones fiscales y patrimoniales.
Aquí es donde el asunto deja de ser una controversia exclusivamente política y se convierte en una cuestión de interés público.
El pasado 12 de octubre, legisladores federales de Morena por Hidalgo presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio de Viggiano. Entre los señalamientos expuestos aparecen posibles conductas de enriquecimiento ilícito, simulación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son acusaciones que requieren pruebas y una determinación legal; no hechos delictivos demostrados.
La pregunta ahora es qué sucederá con esa denuncia. ¿Se integrará una investigación exhaustiva? ¿Se solicitará información bancaria, fiscal y registral cuando proceda legalmente? ¿Se revisarán las declaraciones patrimoniales y los contratos de compraventa? ¿Se informará públicamente sobre los avances que la ley permita divulgar?
La moneda está en el aire y vendrán nuevos episodios de esta historia, la historia que se escribe rumbo a 2027.
