Durante mucho tiempo, Tula se acostumbró a esperar. Esperó mejores vialidades, espacios públicos dignos, inversiones, empleos, transporte moderno, saneamiento y una infraestructura acorde con la importancia industrial y económica de la región.
Pasaron gobiernos, se acumularon diagnósticos y se repitieron promesas. Mientras otras ciudades avanzaban, Tula aprendió a sobrevivir entre el deterioro, la contaminación, el desorden urbano y una preocupante falta de oportunidades para sus jóvenes.
Ahora que comienzan a coincidir proyectos capaces de modificar el rumbo de la región, aparece una reacción que también debemos analizar: el miedo al cambio.
Tula no debe tenerle miedo al desarrollo.
No puede desconfiar automáticamente de cada obra, rechazar cualquier intervención urbana o considerar que toda transformación representa una amenaza. La vigilancia ciudadana es indispensable, pero una cosa es exigir transparencia, planeación y respeto al medio ambiente, y otra muy distinta es convertir cualquier inconformidad en un argumento para detener el progreso.
En los últimos años comenzaron a materializarse obras que durante décadas parecieron imposibles. Se renovaron vialidades como Cinco de Febrero y Moctezuma; se intervino el bulevar que conecta la carretera Tula–Jorobas con el bulevar Tula–Iturbe; se mejoraron los accesos por El Cielito y El Llano; se rehabilitaron canchas deportivas, avanza la transformación de la Unidad Deportiva y el Parque Quetzalcóatl se convirtió en un espacio de encuentro para niñas, niños y familias.
A ello se suma la renovación de la Calzada Melchor Ocampo, una de las obras urbanas más importantes de las últimas décadas, con intervención en pavimento, drenaje, agua, banquetas, iluminación, áreas verdes y redes de servicios.
Estas obras generan molestias. Hay cierres parciales, polvo, ruido, cambios en la circulación y afectaciones temporales para comerciantes y vecinos. Eso es innegable. Pero también es cierto que ninguna ciudad puede modernizarse sin intervenir aquello que durante años permaneció abandonado.
La obra pública no debe evaluarse únicamente durante su construcción. Debe juzgarse por los beneficios que producirá durante los siguientes 20 o 30 años.
Una calle renovada no es solamente concreto. Representa mejor movilidad, mayor seguridad vial, acceso más rápido para los servicios de emergencia, condiciones más favorables para el comercio y una mejor calidad de vida para quienes la utilizan diariamente.
Un parque no es solamente una fotografía bonita. Es un lugar donde las familias conviven, los niños juegan y la comunidad recupera espacios que antes permanecían olvidados.
Una unidad deportiva no es un lujo. Es infraestructura para la salud, la prevención del delito, la formación de jóvenes y la reconstrucción del tejido social.
El desarrollo también se construye en lo cotidiano.
Pero lo que viene para Tula es todavía mayor.
La estación del tren México–Querétaro puede transformar la movilidad y la relación de la región con la Ciudad de México y el Bajío. Las inversiones de Cruz Azul pueden fortalecer la actividad industrial, la infraestructura hospitalaria, el empleo y la contratación de proveedores locales. La modernización energética, los colectores, el saneamiento del río Tula y la tecnificación del campo representan una oportunidad que la región llevaba décadas esperando.
Estamos hablando de proyectos que pueden modificar la economía, el crecimiento urbano y las oportunidades de toda una generación.
Frente a este escenario, Tula tiene dos posibilidades: prepararse para aprovechar el desarrollo o permitir que el miedo, la desinformación y los intereses particulares terminen por frenarlo.
Eso no significa entregar un cheque en blanco a los gobiernos o a las empresas. Tampoco implica guardar silencio ante errores, abusos o afectaciones reales. Toda obra pública debe informar con claridad, transparentar sus recursos, escuchar a los vecinos, proteger el patrimonio natural y corregir aquello que se haga mal.
La crítica responsable es necesaria. La oposición automática no.
No podemos caer en la falsa idea de que debemos elegir entre crecimiento y medio ambiente. Tula merece empleos, inversión e industrias fuertes, pero también aire limpio, agua, salud y un entorno seguro.
El desarrollo sostenible no consiste en detenerlo todo. Consiste en crecer de manera responsable, utilizando mejor tecnología, reduciendo emisiones, cuidando el agua, manejando adecuadamente los residuos y considerando los impactos acumulados de una región que ya ha soportado una enorme carga ambiental.
Tula conoce perfectamente las consecuencias de un modelo industrial sin vigilancia suficiente. Por eso tiene derecho a exigir que las nuevas inversiones no repitan los errores del pasado.
Pero esa experiencia tampoco debe condenarnos a la inmovilidad.
No podemos convertir la defensa del medio ambiente en un pretexto para mantener calles destruidas, drenajes obsoletos, espacios abandonados, infraestructura insuficiente y una economía sin nuevas oportunidades.
También debemos reconocer otro riesgo: que pequeños grupos intenten presentar sus intereses particulares como si fueran la voluntad de toda la ciudad. Escuchar a las minorías es una obligación democrática, pero ninguna administración puede abandonar proyectos estratégicos únicamente porque toda obra genera inconformidades.
Las decisiones deben tomarse con información, evidencia técnica y una visión de largo plazo. Deben protegerse los derechos de quienes resulten afectados, corregirse los daños y abrirse espacios de diálogo. Sin embargo, el interés general también debe defenderse.
Tula no puede permanecer detenida porque cualquier transformación incomode temporalmente a algunas personas.
Durante años reclamamos que no había obras. Ahora que las obras comienzan a ejecutarse, no podemos actuar como si lo mejor fuera dejar todo exactamente como estaba. Esa contradicción solamente beneficia al atraso.
Por supuesto, el desarrollo debe llegar a todas las comunidades y no concentrarse únicamente en el centro. La inversión pública tiene que traducirse en pavimentaciones, agua, drenaje, electrificación, seguridad, espacios deportivos y mejores servicios para todo el municipio.
También debe beneficiar primero a la población local.
Los nuevos empleos deben estar al alcance de los trabajadores tulenses. Las empresas de la región tienen que integrarse como proveedoras. Las universidades deben preparar a sus estudiantes para las actividades económicas que llegarán y los pequeños comercios deben participar en la derrama que generen los grandes proyectos.
No queremos que el desarrollo solamente atraviese Tula. Queremos que se quede aquí y transforme la vida de su gente.
Para conseguirlo, hará falta coordinación entre los tres niveles de gobierno, colaboración con el sector privado y participación responsable de la sociedad. También será necesaria una visión metropolitana, porque Tula, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tlaxcoapan, Tetepango y los municipios vecinos comparten movilidad, industria, agua, contaminación, comercio y empleo.
El crecimiento que se aproxima no respetará fronteras municipales. Por eso deberá planearse regionalmente.
Tula necesita infraestructura moderna, conectividad, seguridad, educación, cultura, inversión y una economía suficientemente dinámica para retener a sus jóvenes. Necesita dejar de expulsar talento y comenzar a ofrecer oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir aquí su futuro.
El mayor peligro no es que Tula cambie. El verdadero peligro es que vuelva a quedarse inmóvil mientras el mundo avanza.
Debemos cuidar los árboles, vigilar el uso del dinero público, proteger el río, exigir obras de calidad y señalar cualquier irregularidad. Pero también debemos entender que una ciudad no se construye solamente diciendo que no.
Se construye proponiendo, participando, corrigiendo y permitiendo que los proyectos que benefician a la mayoría puedan avanzar.
Tula ha esperado demasiado tiempo esta oportunidad.
No debe tenerle miedo al desarrollo. Debe exigir que sea ordenado, limpio, incluyente y responsable; pero, sobre todo, debe atreverse a construirlo.
