La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que promuevan violencia, abuso sexual, ciberacoso y otras conductas de riesgo.
La medida busca que las plataformas identifiquen y retiren contenidos o cuentas que expongan a menores a discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y material sexual explícito. También contempla contenidos que promuevan conductas ilícitas.
El decreto coloca una responsabilidad directa en las empresas digitales: deben contar con mecanismos para detectar y retirar esos materiales, además de incorporar medidas de protección desde el diseño de sus servicios. El Gobierno federal informó que las plataformas tendrán un mes para cumplir con las nuevas disposiciones.
La discusión va más allá de borrar publicaciones. Generar espacios seguros en el ciberespacio implica reducir el riesgo de que niñas, niños y adolescentes encuentren contenidos que normalicen la violencia, sean víctimas de acoso o reciban material sexual. También requiere canales para denunciar y atender situaciones de peligro.
La medida llega después de hechos violentos ocurridos en centros escolares, que llevaron al Gobierno federal a plantear una respuesta para prevenir la difusión de contenidos violentos y mejorar la coordinación con las autoridades. La estrategia también contempla acciones educativas y de acompañamiento para estudiantes y familias.
La protección digital también requiere la participación de madres, padres, escuelas y personas cuidadoras. El diálogo sobre lo que niñas y niños ven en internet, la alfabetización digital y la atención temprana ante señales de acoso o violencia complementan las obligaciones que ahora se plantean para las plataformas.
El reto será que estas medidas se apliquen con claridad y transparencia: proteger a menores, atender denuncias y explicar cómo se moderan los contenidos. La seguridad en línea debe considerar también la privacidad y los derechos de las personas usuarias.
Con el decreto, el Gobierno federal busca que las plataformas asuman un papel más activo en la prevención de riesgos. Su impacto dependerá de cómo se implemente y de que niñas, niños y adolescentes puedan usar internet para aprender, comunicarse y expresarse en entornos más seguros.
