Con más de 400 servidores públicos, laboratorios especializados y tecnología para revisar obras, el Complejo Hidalgo Honesto busca fortalecer la supervisión de los recursos que pertenecen a la población.

La vigilancia del dinero público y la calidad de las obras en Hidalgo cuenta con una infraestructura especializada integrada por tres edificios que concentran actividades técnicas, financieras, administrativas y jurídicas, con el objetivo de prevenir irregularidades y garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente.

Se trata del Complejo Hidalgo Honesto, una instalación que reúne a más de 400 servidores públicos, entre ingenieros, arquitectos, contadores, abogados y especialistas encargados de revisar proyectos, auditar recursos e investigar posibles irregularidades.

Uno de sus principales componentes son tres laboratorios de Control de Calidad de Obra Pública, que cuentan con 37 certificaciones y capacidad para realizar más de 2 mil 600 pruebas anuales. Mediante equipos especializados, personal certificado y procedimientos técnicos, se verifican los materiales utilizados en infraestructura pública.

Esta capacidad permite revisar si las obras cumplen con las especificaciones contratadas, desde la resistencia y calidad de materiales hasta las condiciones técnicas de los proyectos, con la intención de detectar fallas antes de que representen mayores gastos o afectaciones para la población.

Además, el complejo integra áreas de fiscalización, Contraloría Social y plataformas digitales que permiten coordinar la revisión de proyectos y recursos públicos desde diferentes especialidades.

De acuerdo con el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, concentrar estas funciones en instalaciones propias permite reducir la contratación de servicios externos, generando ahorros superiores a 32 millones de pesos anuales en arrendamientos, pruebas de laboratorio y otros servicios.

El funcionario destacó que esta infraestructura forma parte de la estrategia del gobierno de Julio Menchaca para fortalecer la vigilancia de alrededor de 15 mil obras públicas realizadas durante los últimos cuatro años.

El objetivo es que hospitales, escuelas, carreteras, puentes, sistemas de agua potable y otras obras sean supervisadas técnicamente para comprobar que cumplen con lo contratado y responden a las necesidades de las comunidades.