Mientras el Gobierno federal proyecta 18 mil 480 nuevos espacios penitenciarios, Hidalgo continúa con su propio proyecto sin una fecha confirmada para iniciar la construcción.
El Gobierno de México anunció este martes 13 de octubre la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad. Hidalgo no figura entre los seis estados contemplados en este anuncio, aunque mantiene pendiente un proyecto propio para ampliar su infraestructura penitenciaria.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las nuevas instalaciones estarán ubicadas en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, como parte de una estrategia para enfrentar la sobrepoblación y fortalecer las condiciones de seguridad y reinserción social.
En Hidalgo existe un proyecto para construir un nuevo Centro de Reinserción Social con capacidad proyectada para 2 mil personas. La iniciativa fue dada a conocer desde enero de 2025 por el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, quien explicó que su finalidad sería reducir la saturación de otros establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con las declaraciones más recientes del funcionario, difundidas el 13 de septiembre, el Gobierno de Hidalgo dispone de 80 millones de pesos destinados al proyecto, aunque todavía no había conseguido un terreno que reuniera las condiciones necesarias para desarrollar la obra.
Cruz Neri explicó que se habían revisado cuatro predios y se analizaba una quinta alternativa. Los principales obstáculos estaban relacionados con la situación jurídica de tierras ejidales y comunales, por lo que era necesario garantizar la certeza legal antes de concretar su adquisición.
El secretario reconoció que los recursos podrían utilizarse durante 2027 si no se lograba avanzar durante el presente ejercicio fiscal. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente una fecha definitiva para iniciar la construcción ni se ha precisado el financiamiento total que requerirá el nuevo penal.
La necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria se hizo evidente en agosto, cuando 174 personas privadas de la libertad fueron trasladadas del penal de Mixquiahuala al de Tula de Allende, debido a la sobrepoblación y al deterioro de las instalaciones.
En Mixquiahuala se encontraban 191 personas en un establecimiento diseñado para solamente 70. Ante estas condiciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizó el traslado hacia un nuevo módulo de dormitorios en Tula, habilitado con capacidad para 200 internos.
El problema también se refleja en las estadísticas estatales. Al cierre de diciembre de 2025, los centros penitenciarios de Hidalgo registraban 5 mil 807 personas privadas de la libertad frente a una capacidad instalada de 4 mil 17 espacios, equivalente a una sobrepoblación del 44.56 por ciento, de acuerdo con cifras del sistema penitenciario nacional difundidas en abril de 2026.
Mientras tanto, los seis nuevos penales anunciados por García Harfuch contemplan instalaciones de alta seguridad, tecnología de vigilancia, sistemas para bloquear comunicaciones no autorizadas y espacios para educación, atención médica, actividades deportivas y capacitación laboral.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda trabaja en el esquema de financiamiento de estas nuevas instalaciones. Hasta ahora, no se ha anunciado que el proyecto de Hidalgo esté incorporado a este programa federal, ni se ha precisado el origen de los 80 millones de pesos disponibles para la obra estatal.
El anuncio nacional vuelve a poner sobre la mesa la situación penitenciaria de Hidalgo, particularmente en el Valle del Mezquital, donde las condiciones de los centros de Mixquiahuala e Ixmiquilpan han motivado propuestas de reorganización y ampliación de infraestructura.
Para Hidalgo, el siguiente paso será definir la ubicación del nuevo penal, concretar el esquema financiero de su construcción y establecer un calendario que permita atender las necesidades de seguridad, capacidad y reinserción social del sistema penitenciario estatal.
