La región de Tula ocupa un lugar estratégico en la agenda de Hidalgo, y la seguridad es uno de sus principales desafíos. En esta zona, la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó 23 células delictivas desarticuladas y 1,117 personas vinculadas a proceso, como parte de los resultados presentados ante el Congreso estatal.
Las cifras corresponden a una región operativa integrada por 21 municipios, por lo que reflejan un balance regional y no exclusivamente resultados de Tula de Allende.
El informe también registra 46 órdenes de aprehensión y 1,050 acuerdos reparatorios. Estos últimos constituyen una vía para resolver determinados asuntos penales mediante compromisos de reparación del daño.
Los resultados muestran actividad en distintos frentes de la procuración de justicia: la desarticulación de grupos delictivos, la presentación de personas ante los órganos judiciales y la atención de conflictos mediante mecanismos de reparación.
Las vinculaciones a proceso permiten que las investigaciones continúen bajo control judicial; no equivalen a sentencias condenatorias. Asimismo, el balance presentado no basta por sí solo para establecer una disminución de la incidencia delictiva en la región.
En un territorio relevante para la actividad industrial, energética y logística de Hidalgo, la seguridad es una condición fundamental para la vida cotidiana de las familias y el desarrollo de las comunidades. Los resultados reportados ofrecen elementos para evaluar el trabajo institucional y dar seguimiento a sus efectos en los 21 municipios.
Las cifras fueron expuestas el 22 de octubre por Francisco Ángel Fernández Hasbún, encargado de la Procuraduría estatal, durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo.
