Más de 10 mil inspecciones, 17 mil actas de entrega-recepción y la participación de 50 mil ciudadanos forman parte de la supervisión de obras públicas en Hidalgo durante los últimos cuatro años.
La supervisión de las obras públicas en Hidalgo ha permitido detectar alrededor de 406 irregularidades físicas relevantes, derivadas de más de 10 mil 416 inspecciones realizadas durante los últimos cuatro años, de acuerdo con los resultados presentados por la Secretaría de Contraloría del estado.
Las revisiones permiten identificar deficiencias en trabajos de infraestructura y exigir medidas correctivas a las empresas responsables, incluyendo reconstrucciones cuando las obras no cumplen con las condiciones establecidas en los contratos.
El secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que esta vigilancia busca garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en infraestructura funcional, segura y de calidad para las familias hidalguenses.
Como parte de los procedimientos de supervisión, también se formalizaron 17 mil 614 actas de entrega-recepción, correspondientes a una inversión revisada de aproximadamente 27 mil millones de pesos, incluyendo la atención del rezago acumulado.
Sin embargo, uno de los aspectos relevantes es la participación directa de la población en la revisión de obras.
De acuerdo con el informe, más de 50 mil ciudadanos se han organizado en más de 10 mil Comités de Contraloría Social, mediante los cuales se ha dado seguimiento a obras y acciones que representan inversiones superiores a 9 mil millones de pesos.
Estos comités están integrados por habitantes de las propias comunidades, quienes reciben capacitación para revisar los trabajos, verificar materiales, identificar deficiencias y reportar posibles incumplimientos.
La participación ciudadana busca complementar las inspecciones técnicas de especialistas, pues son los propios beneficiarios quienes pueden observar las condiciones en que se ejecutan los proyectos y si responden a las necesidades locales.
El gobierno estatal sostiene que este modelo permite fortalecer la transparencia y exigir a los contratistas que corrijan deficiencias, sin que los costos adicionales recaigan necesariamente sobre los recursos públicos.
Los resultados fueron presentados en el marco de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Julio Menchaca.
