En los últimos días se ha generado un debate en Tula a raíz de la decisión de retirar el comercio ambulante del estacionamiento de establecimientos comerciales en la zona de Villas del Salitre.
El tema, como casi todos los que involucran trabajo y sustento, despierta emociones. Nadie puede negar que detrás de muchos puestos ambulantes hay historias de esfuerzo, familias que dependen de ese ingreso y personas que buscan salir adelante.
Pero también hay un principio que no puede ignorarse: la ley y la normatividad urbana existen para cumplirse.
Los documentos que se han hecho públicos muestran algo claro. Las empresas instaladas en la zona —como centros comerciales y tiendas de autoservicio— solicitaron formalmente a la autoridad municipal el retiro del comercio ambulante dentro de sus estacionamientos. No se trata de una ocurrencia de último momento, sino de solicitudes formales presentadas desde febrero.
Hay además otro elemento relevante: se trata de espacios privados.
Los estacionamientos forman parte de propiedades particulares que cuentan con licencias de funcionamiento y obligaciones fiscales. Permitir comercio no autorizado dentro de esas instalaciones no solo contraviene políticas internas, también genera condiciones de competencia desleal frente a los negocios establecidos.
Incluso la propia representación vecinal de Villas del Salitre manifestó preocupación por los conflictos que ya se estaban generando en la zona.
Por ello, más que un asunto de simpatías o antipatías, lo que está en juego es el respeto a la normatividad.
El comercio ambulante en México es una realidad social que no puede negarse. Ha sido durante décadas una válvula económica para miles de familias. Pero también es cierto que su regulación es necesaria para evitar desorden, conflictos y afectaciones a terceros.
La autoridad municipal tiene la obligación de actuar dentro del marco legal y, al mismo tiempo, privilegiar el diálogo para encontrar soluciones.
Porque el reto no es elegir entre comercio formal o ambulante.
El verdadero reto es construir orden sin cerrar puertas al trabajo, pero siempre bajo reglas claras.
En una ciudad que aspira a crecer y desarrollarse, la norma debe ser el punto de encuentro, no el motivo de confrontación.
Al final, cuando las reglas se respetan, gana la convivencia, gana la certeza jurídica y gana la ciudad.
