La actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no es un asunto lejano para la región de Tula. Aquí, hablar de contaminación, calidad del aire, recuperación de ríos, vigilancia industrial y justicia ambiental forma parte de una realidad construida durante décadas. La concentración de industrias, infraestructura energética, descargas y crecimiento urbano ha generado una enorme presión sobre el territorio. Por eso, cualquier cambio legal que fortalezca la prevención, la restauración y la responsabilidad ambiental merece especial atención en esta zona de Hidalgo.
Tula y los municipios que integran su corredor industrial han cargado durante años con parte importante del costo ambiental del desarrollo del centro del país. La refinería, la termoeléctrica, las cementeras, las industrias asentadas en la región y las descargas que llegan a sus cuerpos de agua conforman un escenario particularmente complejo. No se trata de responsabilizar automáticamente a toda actividad productiva, sino de reconocer que el territorio tiene límites y que los efectos acumulados deben considerarse antes de permitir nuevas actividades que incrementen la presión ambiental existente.
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta presentada por la secretaria Alicia Bárcena es colocar la prevención por encima de la reparación. El principio parece sencillo, pero para Tula podría significar un cambio profundo. Durante décadas, muchas políticas ambientales han reaccionado cuando el deterioro ya ocurrió: primero se contamina un río, se degrada un suelo o aumenta la presión sobre la calidad del aire y posteriormente llegan los programas de saneamiento. La nueva visión debería invertir esa lógica y evitar el daño antes de que resulte irreversible o demasiado costoso corregirlo.
La región necesita también que las evaluaciones ambientales dejen de observar cada proyecto como si estuviera aislado de todo lo que existe alrededor. Una nueva industria puede cumplir individualmente con determinados requisitos y, aun así, instalarse en un territorio que ya soporta emisiones, tránsito pesado, explotación de agua, residuos y descargas. El verdadero reto consiste en medir los impactos acumulados. Antes de autorizar nuevos proyectos debería preguntarse cuánto más puede soportar la cuenca de Tula y qué medidas adicionales son necesarias para proteger a las comunidades que llevan décadas viviendo alrededor de este corredor.
Otro punto fundamental es la recuperación de los ecosistemas. El río Tula, el río Salado, la presa Endhó y las microcuencas de la región forman parte de un sistema que durante años recibió una enorme presión ambiental. El saneamiento que actualmente impulsa el Gobierno Federal puede representar uno de los procesos de restauración más relevantes para esta zona, pero deberá mantenerse durante años. Recuperar un río no significa únicamente retirar basura o construir infraestructura: implica controlar descargas, recuperar vegetación, vigilar industrias, mejorar el tratamiento de aguas y garantizar que el problema no vuelva a reproducirse. Al parecer todo esto se ha considerado ya y marcha por buen camino, para tranquilidad de locales.
La nueva legislación también plantea fortalecer el acceso a la información y la justicia ambiental, algo especialmente importante para los habitantes de Tula. La población debería tener acceso sencillo y permanente a datos sobre calidad del aire, agua, emisiones, inspecciones y cumplimiento de normas. Saber qué respiramos y qué circula por nuestros ríos no tendría que depender de una crisis o de una solicitud de transparencia. La información ambiental debería ser pública, comprensible y oportuna para que ciudadanos, investigadores, medios de comunicación y autoridades puedan tomar decisiones con base en datos y no únicamente en percepciones.
Sin embargo, ninguna reforma será suficiente si permanece únicamente en el papel. México ha contado durante décadas con leyes, normas y organismos ambientales; el problema aparece cuando faltan inspecciones, presupuesto, personal, monitoreo o capacidad para sancionar, ah, y cuando sobra corrupción. Tula necesita una política ambiental que pueda verse en el territorio: estaciones de medición funcionando, visitas de inspección constantes, empresas cumpliendo sus obligaciones, cuerpos de agua recuperándose y autoridades informando resultados. La verdadera prueba de cualquier modificación legislativa será comprobar si logra transformar las condiciones ambientales de las comunidades donde históricamente existe mayor presión.
Tampoco sería correcto plantear esta discusión como una elección entre industria y medio ambiente. Tula necesita inversión, empleos, infraestructura y nuevas oportunidades económicas. Precisamente por eso resulta indispensable construir un modelo industrial diferente. Las inversiones que lleguen durante los próximos años deben incorporar mejores tecnologías, eficiencia energética, aprovechamiento del agua, reducción de emisiones y sistemas modernos para manejar residuos. Crecer económicamente no debería significar repetir los errores del pasado. Una región industrial moderna puede producir más, generar mejores empleos y, al mismo tiempo, reducir significativamente su impacto ambiental.
La región de Tula ha contribuido durante generaciones al desarrollo energético, industrial y económico de México. Ahora tiene derecho a convertirse también en ejemplo nacional de restauración ambiental; esa justicia ambiental de la que tanto se ha hablado como principal necesidad debe llegar a la brevedad posible.
Si la nueva legislación realmente coloca en el centro a las personas, las comunidades y la naturaleza, este territorio debería ser prioritario para demostrarlo. No bastará con modificar artículos o anunciar nuevos principios. El verdadero cambio llegará cuando los habitantes puedan observar ríos más limpios, respirar un aire de mejor calidad y comprobar que desarrollo, prosperidad y protección ambiental finalmente pueden avanzar por el mismo camino.
Por cierto que la sociedad civil ha dejado de ser observadora y ha comenzado a tomar acciones porque comprende que esta transformación es tarea de todas y de todos. Finalmente, se trata del hogar en el que cohabitamos.
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Fuentes consultadas: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe); Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); Diario Oficial de la Federación; Gobierno de México.
