Se cumplió un año de la tragedia más grande para Hidalgo en toda su historia, el momento más complicado que ha vivido el Presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su mandato, según las declaraciones del ejecutivo. Se cumplió el primer aniversario de la prueba en materia de seguridad y protección civil más importante para nuestra región.
Continúa el sentimiento de impotencia para las familias que habitan el sur de Hidalgo, un estado que lleva en su nombre el peso del fatídico episodio que, dolorosamente, como suele suceder, le gana peso a las buenas acciones y nos coloca en el plano nacional como el lugar de la tragedia. Nunca se habló tanto de Hidalgo en los más recientes 12 meses como cuando se abordó el caso Tlahuelilpan.
En aquel enero de 2019, se registró la explosión en el ducto de Pemex ubicado en San Primitivo, en una época en la que vecinos de diversas comunidades, de varios municipios, revendían combustible en los patios de sus casas, almacenaban cientos de litros en improvisadas bodegas, extraían por varias horas -pegados al ducto- el diesel o la gasolina, y los actos eran cada vez más cotidianos, familiares, comunes.
De ahí nace la primera gran conclusión: tras la explosión, las cosas sí han cambiado, las cosas ya no son como antes. Reflexionemos: el combustible ilegal no fluye, no se comercializa, no se extrae en las cantidades como se hacía a inicios del año pasado. La presencia de corporaciones de seguridad ha incrementado y los reportes de delitos en este rubro ante la autoridad van a la baja.
Según información del Gobierno Federal, el robo de combustible disminuyó 91 por ciento a 13 meses del inicio del plan para frenar el huachicoleo, lo que representa un ahorro de 57 mil 900 millones de pesos, además de que 562 personas ya fueron sentenciadas, se bloquearon 811 cuentas por 466.6 millones de pesos y 28 mil dólares, y están en proceso 20 investigaciones por lavado de dinero contra empresas y ex funcionarios.
