Por: Mtra. Norma Angélica Aceves García
Se han cumplido ya dos años del inicio de la nueva administración pública federal, es claro el enorme retroceso al que se enfrentan las personas con discapacidad.
A la fecha hay pocos indicios acerca de cuáles serán los objetivos en materia de política pública para la inclusión de las personas con discapacidad.
El gobierno federal ha expresado a través del titular del Ejecutivo y de la Secretaria de Bienestar que su principal programa para el sector será el otorgamiento de pensiones para un millón de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Esto, en municipios de alta marginación y con presencia de pueblos indígenas, lo cual será una buena medida en función de que existan otras acciones que identifiquen y erradiquen progresivamente las barreras que impiden o limitan a las personas con discapacidad para acceder a sus derechos humanos.
Sin embargo, la simple entrega de pensiones económicas no tendrá mayores efectos en el desarrollo de las personas con discapacidad, más que aumentar su ingreso.
Pero aún no se vislumbra como accederán a la educación, el empleo, la formación de una empresa propia y sobre todo la participación en los asuntos públicos, elementos necesarios para su empoderamiento y por ende su inclusión al desarrollo.
Esta acción de carácter asistencial es necesaria derivado del alto índice de pobreza en la que viven millones de personas con discapacidad, pero es ineludible una serie de políticas públicas en materia de educación inclusiva, accesibilidad, movilidad, acceso a la información, empleo, igualdad ante la ley, salud considerando la rehabilitación y otras acciones afirmativas para no construir una “trampa de pobreza” a través de la transferencia de recursos económicos de forma directa.
Hace unos días INEGI dio a conocer que en México viven aproximadamente 20 millones de personas con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental.
Es una cifra importante, sobre todo cuando la convertimos en personas; es decir, 20 millones de personas que todos los días se enfrentan a enorme retos para acceder a los derechos humanos en igualdad y quienes con la llegada de la pandemia han visto más marcada esa enorme brecha de desigualdad que separa a las personas con discapacidad de quienes no viven con ella.
La inclusión de las personas con discapacidad, es un proceso que debe considerar que son las barreras existentes en el entorno, así como la presencia de una opinión de minusvalía sobre este sector social, las principales causas del rezago y la marginación que evidencian los indicadores sociales sobre pobreza, publicados por el CONEVAL.
Es necesaria la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno que tengan como objetivo el adelanto y el empoderamiento de este grupo social.
Reconociendo, desde luego, que es un derecho fundamental la construcción de un proyecto de vida por parte de la persona, de forma autónoma e independiente, que incluye directamente la capacidad de representarse a sí misma y promover sus intereses y decisiones.
Más la apropiación del modelo social de la discapacidad en todas las entidades de la administración pública federal es un reto que como país debemos enfrentar, no sólo en la toma de conciencia de los servidores públicos, sino en el diseño y ejecución de sus actividades cotidianas.
Sobre todo, en aquellas que inciden directamente en el acceso a los derechos humanos y donde las personas con discapacidad deben estar incluidas, cualquier programa social que tenga como destino a la población deberá contener acciones que garanticen que las personas con discapacidad participen y se beneficien de dicho programa en igualdad de condiciones.
Los retos son importantes y sin duda los resultados serán mayores en la medida en que las autoridades y la sociedad se adueñen del concepto de la discapacidad, como una construcción social y no solo como una deficiencia presente en las personas.
De esta manera las acciones y programas sociales deberán tener componentes que incluyan con equidad a las personas con discapacidad, ampliando su cobertura y su accesibilidad incluso a nivel personal, siempre bajo el criterio de los ajustes razonables.
Así mismo la sinergia entre la sociedad civil y el Estado debe construirse como un compromiso de trabajo conjunto donde las acciones se proyecten a lo largo del tiempo, teniendo como principal objetivo la reducción progresiva de los rezagos que este sector de la población enfrenta, la cual debe ser la causa que nos impulse al futuro. #HagamosEquipo
